La mayoría de estos proyectos son liderados por extranjeros, bajo la idea equivocada de que solo ellos tienen el conocimiento. Pero eso ha fallado. Los costeños y en especial las comunidades guajiras tienen una forma distinta de entender el territorio y de relacionarse.

Las promesas vacías del pasado —como ocurrió con la industria del carbón— han dejado una profunda desconfianza. Y aunque el sector privado ha cumplido pagando impuestos y regalías millonarias, el problema está en que esos recursos no llegan a su destino en gran parte por culpa de los gobiernos de turno, en especial los regionales y locales.

Además, muchas comunidades han sido entrenadas en el discurso de que “tienen derecho a todo”, lo cual es falso. Las empresas, por temor a incomodar, aceptan exigencias absurdas o evitan poner límites desde el inicio, lo que termina generando más conflictos. Relacionarse con las comunidades no debe ser una transacción basada en dádivas ni imposiciones, sino en acuerdos que realmente se puedan cumplir.

El otro gran problema está en el manejo con el Estado. Muchas empresas "suplican" por permisos, mientras los funcionarios —lejos de facilitar— se convierten en obstáculos. Alegan que la norma los limita, pero en realidad es su interpretación interesada lo que paraliza los procesos. No es “el gobierno” el que frena los proyectos, es un grupo reducido de funcionarios que, en vez de ayudar, bloquean.

Mientras tanto, las empresas hacen esfuerzos enormes para cumplir los caprichos técnicos, sociales, ambientales o legales que imponen estos burócratas. Todo por evitar confrontaciones, todo por cuidar una “imagen corporativa” que, al final, también se deteriora por la falta de resultados.

La solución no está en rendirse ni en confrontar sin inteligencia. Se necesita firmeza. Personas al frente que entiendan el territorio, pero que también sepan decir “no” a lo absurdo.

No al abuso de funcionarios corruptos o fanáticos que amañan las normas a su conveniencia para beneficiar intereses particulares.

Debemos enfrentarlos con entereza y dejarles claro que sus abusos tienen consecuencias. Amparados en el supuesto cuidado del medio ambiente o en el supuesto respeto a la ley, hacen y deshacen a su antojo, manipulando procedimientos y bloqueando proyectos de manera arbitraria.

Los gremios, como SER, deben adelantar acusaciones contundentes ante la Fiscalía y los órganos judiciales contra estos funcionarios, así como contra supuestos “líderes” extorsivos.

No más convivencia con abusadores: hay que denunciarlos penalmente, sin que nos tiemble la mano, pues son ellos la verdadera causa.